Comunicado conjunto organizaciones sindicales ante el asesinato de la compañera en Badajoz
- FECCOO Canarias Privada Concertada
- 13 mar 2025
- 3 Min. de lectura
El reciente asesinato de una compañera en Badajoz ha conmocionado a la comunidad de profesionales de la intervención social y sindicatos, evidenciando la grave desprotección en la que nos encontramos. Este trágico suceso no puede quedar en el olvido, ni tratarse como un hecho aislado, pues es la consecuencia de un sistema que ignora las condiciones laborales y la seguridad de quienes desempeñamos una labor esencial para la sociedad.
Desde el ámbito de Reforma y Justicia Juvenil, así como el de Protección del Menor en la Comunidad Autónoma de Canarias, llevamos años denunciando ante las administraciones públicas las precarias condiciones en las que se ejerce la guarda en los Centros de Medidas Judiciales, Centros de Protección y Terapéuticos. Estas carencias han sido la causa directa de innumerables episodios de violencia física y verbal contra los profesionales, una realidad que se ha normalizado y que perpetúa un sistema que nos expone a riesgos inaceptables.
A pesar de nuestros esfuerzos por visibilizar y alertar sobre esta situación, la administración ha puesto en duda, una y otra vez, la visión, la entereza y la profesionalidad de quienes trabajamos con menores. En muchos casos, las denuncias del personal de los centros sobre situaciones de violencia han sido archivadas sin una investigación adecuada, dejando a los trabajadores en total indefensión.
La protección de menores y adolescentes en este sistema es una responsabilidad del Estado, pero la gestión indirecta y la mal llamada "colaboración público-privada" han derivado en un modelo precario, donde la rentabilidad económica se ha impuesto a la calidad y la seguridad del servicio. Esta deriva ha generado condiciones laborales abusivas, horarios extenuantes, falta de apoyo institucional ante agresiones y escasos medios para denunciar y hacer valer nuestros derechos.
La inacción de la Administración nos ha llevado a una tragedia que, aunque hoy lamentamos profundamente, era previsible. Llevamos tiempo advirtiendo sobre amenazas, agresiones, estrés crónico, ansiedad, miedo, depresión y agotamiento extremo. Nuestros puestos de trabajo se han convertido en espacios de sufrimiento e indefensión, en lugar de entornos seguros donde poder ejercer nuestra labor con dignidad.
Exigimos una respuesta inmediata y una revisión profunda de los recursos, las políticas y las prácticas en los centros de protección y reforma. No basta con externalizar los servicios sin garantizar condiciones laborales dignas. Reclamamos contratos justos, con cláusulas e inspecciones de calidad que protejan los derechos de los profesionales y aseguren una atención adecuada a la infancia y la adolescencia.
Como trabajadores y trabajadoras del sector, debemos alzar la voz con firmeza y exigir el compromiso inexcusable de la Administración Pública. Es fundamental realizar una derivación coherente de los casos, atendiendo a las necesidades y características de cada menor, así como generar alternativas y recursos especializados. Además, es imprescindible la implicación de todas las instituciones que forman parte del sistema: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicio Canario de Salud, Juzgados y Fiscalía Provincial.
Es momento de transformar el dolor en acción y la indignación en compromiso. La única forma de evitar más tragedias es trabajar juntos, desde la unión, la prevención y la responsabilidad compartida. No podemos permitir que la falta de medidas siga poniendo en peligro a los profesionales y a las personas en situación de vulnerabilidad. Es urgente que el tercer sector funcione sobre una base de condiciones dignas y seguras, reconociendo el valor de la labor que realizamos.
Hoy nos unimos para decir ¡Basta! Basta de condiciones indignas. Basta de administraciones que miran hacia otro lado. Basta de cuestionamientos. Basta de normalizar el sufrimiento y la violencia contra quienes trabajan por el bienestar de los demás. Queremos justicia, respeto y dignidad para todas las personas que trabajamos en el tercer sector.
Por un sector social que cuide a quienes sostienen, acompañan y facilitan la integración social. Con más recursos, con más seguridad, con más reconocimiento.
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